Motosierra y Puño de Hierro: Anatomía de la Conflictividad en la Argentina de Milei

Un gobierno revela su estrategia en el presupuesto. El actual asigna 2.8 billones de pesos a la función de Seguridad Interior. En paralelo, recorta un 27% en términos reales los programas de asistencia social. No son decisiones separadas. Son las dos partes de un mismo plan. La premisa es que el ajuste económico no puede sostenerse sin un aparato de control social para gestionar el conflicto que inevitablemente produce.

El modelo actual no presenta una política económica y, por otro lado, una política de seguridad. Presenta un solo proyecto donde la represión es una condición necesaria para la viabilidad del ajuste. El desmantelamiento de las funciones sociales del Estado obliga a reforzar su capacidad coercitiva. Se trata de un sistema: el malestar generado por la economía se administra con las herramientas de la seguridad. Analizar esta conexión es entender la lógica de poder del gobierno.

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El Ajuste como Productor de Conflicto

El programa económico es una máquina de generar tensión social. La quita de subsidios, el desguace de programas de asistencia y la licuación de los ingresos no son medidas abstractas. Son decisiones con impacto directo en la economía de los hogares. El gobierno presenta datos macroeconómicos como la baja de la inflación mensual, pero la realidad micro es otra. Informes privados señalan que la mitad de la población sufrió "estrés económico" en el último año.

Cuando los canales institucionales de reclamo se debilitan o se vacían, la protesta en la calle se convierte en el principal recurso de los sectores afectados. La conflictividad no es producto de una conspiración, sino el resultado previsible del modelo. Esta protesta tiene tres frentes definidos: el sindical, que reclama por salarios; el social, que defiende servicios públicos como la educación y la asistencia alimentaria; y el territorial, que resiste el avance de proyectos extractivos o la militarización.

La estrategia del gobierno ha sido tratar estos frentes como conflictos aislados. Así, evita la formación de una oposición unificada al núcleo de su programa económico.

La Herramienta del Control: Protocolo y Discurso

La respuesta del Estado al conflicto no ha sido la negociación. Ha sido la implementación de un dispositivo de control. Su pieza central es el "Protocolo para el mantenimiento del orden público". Este instrumento legal redefine la protesta. Un corte de calle deja de ser una forma de reclamo para ser un delito flagrante. Esto habilita la intervención de fuerzas federales sin orden judicial.

El protocolo se complementa con la disuasión económica: la amenaza de facturar a los manifestantes el costo de los operativos. Es un intento de trasladar el conflicto del terreno político al patrimonial. Su aplicación, según informes de FLACSO, es selectiva. Se utiliza contra organizaciones sociales y sindicatos, pero se tolera en otras manifestaciones. Esto sugiere que su objetivo no es el orden público, sino la neutralización de adversarios políticos.

Este dispositivo se legitima con un discurso. Desde el poder, se despoja al manifestante de su condición de ciudadano. Se lo redefine como "piquetero", "extorsionador" o "terrorista". Esta criminalización cumple una doble función: construye consenso para el uso de la fuerza y provee una justificación para la represión. Los datos del CELS informan de más de 90 detenciones arbitrarias y 600 heridos en protestas durante el último año.

El Dinero como Confesión

El presupuesto es la prueba material de la estrategia. La decisión de blindar los fondos para la Seguridad Interior mientras se recortan otras áreas es una declaración política. El Estado se retira de la asistencia para fortalecer el control.

Esta prioridad se ve también en los salarios de las cúpulas de las fuerzas de seguridad. En un contexto de caída del ingreso para la mayoría de los empleados públicos, sus sueldos garantizan lealtad. El salario de un Comisario General de la Policía Federal supera los 2.6 millones de pesos, por encima de su equivalente en las Fuerzas Armadas. La señal es clara: la principal hipótesis de conflicto para el Estado es interna, no externa. Se financia un aparato leal para controlar las consecuencias del ajuste.

Escenarios Futuros

El modelo actual se sostiene sobre esta tensión: un programa económico que genera conflicto y un aparato de seguridad que lo contiene. La estrategia de fondo es la desarticulación de la acción colectiva.

Esto abre tres escenarios posibles. Primero, la consolidación: el gobierno logra disuadir la protesta y estabiliza la economía a un alto costo social. El conflicto se vuelve crónico, pero de baja intensidad. Segundo, la escalada: un hecho represivo o el agravamiento de la crisis unifica los frentes de protesta y desborda la capacidad de contención del Estado. Tercero, el estancamiento: el gobierno mantiene el control, pero el conflicto persiste con alta intensidad, erosionando la gobernabilidad.

La pregunta que define el momento es si la estabilidad económica puede construirse sobre una sociedad fracturada y una democracia de baja intensidad. El gobierno apuesta a que sí. La respuesta definirá el futuro del país.