Veto Presidencial a la Movilidad Jubilatoria y Emergencia en Discapacidad. Crónica de un Ajuste en Cascada.

Una decisión tomada en un despacho de la Casa Rosada puede sentirse como una onda expansiva a más de 300 kilómetros de distancia, en el hospital de un pueblo del interior bonaerense o en la mesa de un jubilado que ya no puede comprar sus medicamentos. Los vetos del presidente Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria y a la Ley de Emergencia en Discapacidad, formalizados en julio de 2025, no son meros actos administrativos ni frías maniobras de contabilidad fiscal. Son el epicentro de un sismo político y social cuyas réplicas se desplazan en una cascada predecible: desde el poder central hacia las provincias, desde las gobernaciones hacia los municipios y, en última instancia, impactando sobre los cuerpos y las vidas de los ciudadanos más vulnerables.

Este análisis desentraña esa cadena de causalidad, demostrando cómo una política justificada en el altar del superávit fiscal se convierte en un mecanismo de transferencia de costos y responsabilidades, agrietando el pacto federal y poniendo en tensión la cohesión social del país.

La Razón de Estado vs. La Realidad Social: Anatomía de una Decisión

En julio de 2025, el Congreso Nacional sancionó dos normativas que buscaban actuar como un dique de contención frente a la licuación de ingresos que sufrían dos de los colectivos más frágiles de la Argentina. La Ley de Movilidad Jubilatoria (Ley 27.756) no era una medida populista, sino un intento técnico por resarcir una pérdida concreta. Proponía una recomposición del 8% para compensar la inflación de enero (dado que el gobierno solo había reconocido un 12,5% de un 20,6% total), establecía un haber mínimo atado a la Canasta Básica Total para sacarlo de la discrecionalidad de los bonos, e incluía una cláusula de ajuste por salarios para evitar futuras pérdidas. Crucialmente, ordenaba saldar las deudas con las cajas previsionales provinciales —como la de Buenos Aires— utilizando fondos de impuestos nacionales, protegiendo así el valioso Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

Paralelamente, la Ley de Emergencia en Discapacidad buscaba asegurar la supervivencia de un ecosistema de apoyo en terapia intensiva. No se trataba solo de pensiones, sino de garantizar el financiamiento de centros de día, talleres protegidos, transporte y rehabilitación, cuyos aranceles estaban congelados frente a una inflación galopante.

La respuesta del Ejecutivo fue un veto total, justificado en una defensa irrestricta del superávit fiscal. Los considerandos del Decreto 782/2024 calificaron a las leyes como una amenaza a la "sostenibilidad de las finanzas públicas". Esta narrativa fue apuntalada por el Fondo Monetario Internacional  y por una deliberada "batalla de las cifras". Mientras el gobierno alertaba sobre un cataclismo fiscal de "entre 2 y 3 puntos del PBI" , la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), un organismo técnico e independiente, calculaba un impacto total cercano al 1% del PBI.

Esta discrepancia no es un tecnicismo. Es una estrategia de poder. En un escenario donde el oficialismo es minoría parlamentaria, inflar el costo fiscal permite enmarcar al Legislativo como irresponsable y al veto —una medida socialmente regresiva— como un acto de heroísmo macroeconómico. Es una forma de violencia simbólica, donde el lenguaje técnico del ajuste se impone sobre la urgencia del derecho social, reafirmando que la agenda económica es prerrogativa exclusiva del Presidente.

La Fractura Nacional: Deuda Judicial y Crisis Sistémica

Al cerrar la vía legislativa, los vetos consolidaron un modelo de ajuste cuyo costo ya estaba siendo pagado. Durante el primer semestre de 2024, el 27,7% del superávit fiscal primario se explicó directamente por la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, según un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El veto no hizo más que ratificar esa "licuadora" como una herramienta central del programa económico.

De manera similar, el veto a la emergencia en discapacidad agravó una crisis preexistente, poniendo a instituciones de todo el país al borde del cierre por la discontinuidad de pagos del Estado. Lo que se observa es una crisis sistémica: la interrupción de un tratamiento o el cierre de un centro de rehabilitación no solo afecta a la persona con discapacidad, sino que genera una crisis en cadena que impacta en sus familias, sobrecarga a los cuidadores y deja sin trabajo a los profesionales del sector.

La consecuencia más peligrosa, sin embargo, es la transformación de un problema político en uno judicial. Al negar una solución legislada, el gobierno empuja a miles de ciudadanos a un laberinto de amparos y litigios. Esto genera una doble contingencia. Por un lado, una fiscal: lo que hoy es un gasto previsible y presupuestable se convertirá en una deuda judicial futura, desordenada, imprevisible y magnificada por los intereses. Por otro lado, una contingencia institucional: se sobrecarga a la Justicia y se erosiona la confianza en los mecanismos democráticos, instalando la peligrosa idea de que los derechos solo se conquistan mediante una sentencia judicial.

El Territorio en Disputa: Buenos Aires como Epicentro, Bolívar como Microcosmos

La cascada del ajuste no cae de manera uniforme. Golpea con más fuerza en la Provincia de Buenos Aires, que por su peso demográfico actúa como el gran contenedor de la vulnerabilidad nacional. La provincia concentra el 40,5% de todos los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) del país y la mayor proporción de jubilados y pensionados.

Aquí, el gobierno provincial de Axel Kicillof enfrenta una doble presión: por un lado, el desfinanciamiento de su propia caja previsional (el IPS), a la que la ley vetada prometía saldarle deudas históricas ; por otro, un tsunami de demandas sociales que se trasladan a los 135 municipios, forzados a cubrir con recursos propios desde medicamentos hasta alimentos. La respuesta del gobernador ha sido posicionarse en abierta confrontación, erigiendo un "escudo social" con políticas compensatorias para contener lo que el Estado Nacional abandona.

Para entender cómo se materializa esta tensión, basta con descender al nivel del suelo en San Carlos de Bolívar. Este partido es un microcosmos del impacto. Su perfil demográfico es una señal de alerta: el 17,1% de su población supera los 65 años, una cifra muy por encima del promedio nacional (11,9%). Esto significa que casi uno de cada cinco habitantes depende directamente de las políticas previsionales. El recorte no es una variable abstracta; es un golpe directo a la economía local.

El Ajuste en el Territorio

El análisis a nivel local en Bolívar, permite observar cómo las decisiones macroeconómicas se materializan en la vida cotidiana de los ciudadanos y en los desafíos de la gestión municipal.

El análisis demográfico del Censo 2022 revela por qué Bolívar es un epicentro del impacto: el partido presenta un perfil de envejecimiento poblacional avanzado, con un 17,1% de sus 37.594 habitantes superando los 65 años, una cifra marcadamente superior al promedio nacional del 11,9%. Esto se traduce en 6.435 personas adultas mayores, cuya principal cobertura de salud es PAMI y cuyos ingresos dependen directamente de las políticas previsionales nacionales. Este elevado peso demográfico, combinado con un alto índice de dependencia de la tercera edad (hay casi 87 adultos mayores por cada 100 jóvenes, frente a 53 a nivel nacional), significa que cualquier recorte o licuación de los haberes jubilatorios no es una variable macroeconómica abstracta, sino un golpe directo a la principal fuente de ingresos de casi una quinta parte de la población, con un efecto dominó sobre la economía local.

La Auditoría de Pensiones ya generaba caos y angustia en este territorio demográficamente sensible. En mayo de 2025, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) envió cartas documento a más de 2.000 beneficiarios de pensiones no contributivas en Bolívar, convocándolos a presentar documentación médica en un domicilio que resultó ser una casa particular, cuyo dueño no tenía relación alguna con el organismo. Este episodio, calificado por la Dirección de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad del municipio como una situación "insólita, dolorosa y alarmante", funciona como un microcosmos de la desconexión entre la planificación centralizada en Buenos Aires y la realidad de los municipios del interior. Generó desconfianza, angustia y un clima de vulnerabilidad que fue drásticamente exacerbado por los vetos posteriores.

Los vetos tienen un impacto directo y cuantificable en la comunidad de Bolívar. La estructura demográfica del partido agudiza las consecuencias:

● Salud y Previsión: Con 6.435 adultos mayores, la mayoría dependientes de PAMI, cualquier recorte en la cobertura de medicamentos o servicios aumenta inevitablemente la presión sobre el sistema de salud público local, principalmente sobre el Hospital Municipal Miguel Capredoni. La alta proporción de población envejecida ya representa una demanda creciente y de alta complejidad que tensiona los recursos municipales.

● Servicios de Discapacidad: La incertidumbre financiera afecta directamente a la Dirección de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad, y a servicios municipales emblemáticos como los Centros de Actividades Ecuestres Adaptadas (CAEA), que atienden a más de 300 personas en Bolívar, Urdampilleta y Pirovano. La sostenibilidad de estos programas, que dependen de la capacidad presupuestaria municipal, se ve amenazada.

● Economía Local y Dinámica Social: La reducción de los ingresos de miles de jubilados contrae el consumo en el comercio local. Un golpe al poder adquisitivo del segmento poblacional más grande (adultos y adultos mayores) desincentiva aún más la permanencia de los jóvenes y agudiza los desafíos de retención de talento. La incertidumbre sobre el financiamiento de espacios como el Taller Protegido pone en riesgo no solo un servicio social, sino también una fuente de empleo e inclusión.

Para los gobiernos municipales es aconsejable establecer mesas de crisis intersectoriales que incluyan a las áreas de salud, desarrollo social, centros de jubilados y ONGs de discapacidad para optimizar los escasos recursos locales y coordinar una respuesta unificada. La utilización de foros intermunicipales y consorcios regionales puede ser una herramienta eficaz para elevar reclamos conjuntos y con mayor peso político a los niveles provincial y nacional.

En conclusión, los vetos presidenciales han activado una fisura tectónica en el contrato social y federal argentino. Detrás de la defensa de una cifra macroeconómica se esconde un modelo que transfiere el costo del ajuste hacia abajo, debilitando la capacidad de respuesta de provincias y municipios y abandonando a su suerte a quienes el Estado tiene el deber primordial de proteger. La búsqueda del equilibrio fiscal es un objetivo legítimo, pero cuando se persigue a costa de la desintegración social, la pregunta inevitable es qué tipo de sociedad se está construyendo sobre esas bases.