El Silencio de las Máquinas: La Parálisis de la Obra Pública

La paralización de casi un millar de obras públicas nacionales en la Provincia de Buenos Aires no es una mera consecuencia del ajuste fiscal; es el principal instrumento de una confrontación política que busca rediseñar el balance de poder federal. El gobierno nacional, enarbolando la bandera de la austeridad, ha transformado rutas inconclusas, viviendas a medio construir y hospitales frenados en el campo de batalla donde se dirime la viabilidad de dos modelos antagónicos de país, con el territorio bonaerense como epicentro. La gestión provincial, por su parte, ha respondido elevando la apuesta: de la denuncia a la acción, proponiendo un marco legal de emergencia para intervenir un terreno abandonado por el poder central.

La Lógica de la Parálisis

La estrategia del Poder Ejecutivo Nacional, liderado por Javier Milei, se sostiene sobre un pilar innegociable: el equilibrio fiscal a cualquier costo. Bajo esta premisa, la obra pública se ha convertido en la principal variable de ajuste. La decisión de paralizar la inversión en infraestructura ha impactado de forma desproporcionada en la Provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado y de mayor peso económico del país.

El diagnóstico es abrumador. Fuentes del gobierno bonaerense denuncian la detención de casi 1.000 obras en 118 de los 135 municipios, afectando a 17 millones de habitantes. El saldo de inversión pendiente se calcula entre $4.4 y $5.3 billones. Estos números, sin embargo, ocultan el drama detrás del dato. Se trata de proyectos estratégicos cuyo freno tiene consecuencias directas sobre la producción, la seguridad y la calidad de vida:

• Infraestructura Vial: La emblemática Autopista Presidente Perón, concebida como el tercer anillo de circunvalación del AMBA, y la transformación en autopista de la Ruta Nacional 3 en el tramo Cañuelas-Azul, están entre las principales víctimas. El abandono de estas obras no solo genera caos vehicular, sino que eleva los costos logísticos y, como advierte la administración provincial, incrementa el riesgo de accidentes viales.

• Vivienda y Salud: Miles de viviendas del plan Procrear II han quedado a medio construir, junto con la finalización de hospitales clave como el de La Matanza y decenas de centros de atención primaria.

• Educación: La parálisis también ha golpeado al sistema educativo, frenando la construcción de Escuelas Técnicas Profesionales y proyectos de ampliación como el del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 27 de Bolívar.

La justificación nacional de la "gobernabilidad por veto" y la defensa del superávit fiscal choca frontalmente con la percepción provincial de un "plan de exterminio de la producción nacional".

La Contraofensiva Política y Legal

Lejos de asumir un rol pasivo, el gobierno de Axel Kicillof ha diseñado una contraofensiva política y administrativa calculada. El 19 de agosto, anunció el envío a la Legislatura provincial de un proyecto para declarar la "emergencia de la obra pública nacional" en su territorio. Esta movida estratégica persigue un triple objetivo:

1. Seguridad Jurídica para Intervenir: La ley busca dotar al Ejecutivo provincial de herramientas legales para actuar de inmediato en obras abandonadas que supongan un riesgo para la seguridad ciudadana, como rutas a oscuras o excavaciones sin señalizar.

2. Capacidad de Gestión: Pretende facultar a la provincia para continuar, rescindir contratos o recuperar la gestión de los proyectos, utilizando fondos del presupuesto bonaerense.

3. Fortalecimiento del Reclamo Judicial: La norma consolidaría la posición jurídica de la provincia para profundizar los reclamos ante la Corte Suprema de Justicia por los fondos que, según la administración bonaerense, la Nación adeuda y que superan los $12 billones.

Esta iniciativa representa una escalada significativa. Traslada la disputa del plano discursivo al terreno legal y administrativo, permitiendo a Kicillof contrastar la "inacción" nacional con la "acción" provincial. Cada obra paralizada se ha convertido en un escenario de campaña, un símbolo tangible del modelo de "Estado ausente" que denuncia.

El Impacto en el Territorio: De la Macro a la Realidad Local

Las consecuencias de la parálisis se materializan de forma cruda a nivel municipal, funcionando como un catalizador de conflictos preexistentes. El caso de Bolívar es un microcosmos de esta dinámica. La interrupción de los trabajos de mantenimiento de Vialidad Nacional en las colectoras de la Ruta Nacional 226 ha forzado al municipio, a desviar recursos propios para garantizar la seguridad vial.

Esta transferencia de responsabilidades agrava la ya delicada situación fiscal del municipio, enfrascado en una dura disputa con el sector agropecuario por la Tasa Vial. Mientras el municipio alega un desfinanciamiento crónico por la alta morosidad del sector (una deuda que supera los $3.1 mil millones), los productores denuncian un estado intransitable de los caminos y una falta de contraprestación de servicios. El ajuste nacional, al sumar nuevas cargas imprevistas, echa más leña al fuego de la tensión local.

A esto se suma el impacto directo sobre el empleo. Si bien las cifras oficiales de agosto aún se consolidan, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y sindicatos como la UOCRA han advertido durante todo el año sobre la pérdida de miles de puestos de trabajo. La caída de la actividad en el sector, que el presidente de CAMARCO, Gustavo Weiss, ha calificado de "casi paralizada", no solo afecta a los obreros, sino a toda una cadena de pymes proveedoras de materiales y servicios.

Un Plebiscito en el Asfalto

El conflicto por la obra pública ha trascendido la discusión técnica o presupuestaria para convertirse en el eje ordenador de la contienda política de 2025. El gobernador Kicillof ha "nacionalizado" la elección provincial del 7 de septiembre, planteándola como la "primera oportunidad concreta para ponerle un freno a Milei". El oficialismo nacional, por su parte, utiliza la parálisis como prueba de su compromiso contra el "despilfarro" de la política tradicional.

El resultado de las próximas elecciones provinciales y nacionales no solo reconfigurará el Congreso; actuará como un referéndum sobre estos dos modelos en pugna. La ciudadanía, en última instancia, deberá decidir si el costo del ajuste se justifica por la estabilidad macroeconómica o si la inversión en infraestructura es una condición indispensable para el desarrollo. El futuro de la gobernabilidad argentina se decide en el silencio de las máquinas, sobre el asfalto vaciado de miles de obras que esperan un destino.