El Fracaso que Fundó una Década: La Lógica Oculta de la Hiperinflación de 1989

Ricardo Alfonsin con su ministro Juan Vital Sourrouille

El precio de un producto podía cambiar en el trayecto de la góndola a la caja registradora. El dinero recibido por la mañana perdía gran parte de su valor para la tarde, obligando a las empresas a liquidar sueldos por quincena o incluso por semana. Esto no es la descripción de una economía en crisis, sino de un sistema social en plena disolución. La hiperinflación que devoró a la Argentina en 1989 fue mucho más que un descalabro de variables macroeconómicas; fue el colapso de la moneda como pacto social y el veredicto sobre la incapacidad del Estado para garantizar la mínima previsibilidad. Fue, sobre todo, el trauma que formateó la década siguiente, creando un consenso forjado en el pánico.

Para entender el estallido no basta con mirar los meses finales. El colapso fue el resultado de una convergencia fatal cuyo origen se encuentra en los cimientos mismos de la democracia restaurada. Raúl Alfonsín no asumió en 1983 sobre un terreno fértil, sino sobre un campo minado. La herencia de la dictadura cívico-militar era una "jaula" económica y social perfectamente diseñada para el fracaso. Los datos son contundentes: una deuda externa que había crecido un 449% durante el régimen, transformándose en una verdadera hipoteca sobre el futuro del país; una tasa de inflación anual que rondaba el 500% 4; y un tejido social devastado, donde la pobreza en el Gran Buenos Aires se había disparado desde un 4.4% en 1975 a un alarmante 37.4% en 1983. Este punto de partida no era una simple dificultad, sino una contradicción irresoluble que limitaba drásticamente cualquier margen de maniobra.

En este escenario, los planes de estabilización fueron maniobras de supervivencia. El Plan Austral, lanzado en junio de 1985, fue el intento más audaz. Su éxito inicial, basado en una reforma monetaria y un congelamiento general de precios, salarios y tarifas, fue espectacular y generó una fuerte adhesión popular. Sin embargo, el plan era un paliativo, no una cura. Al congelar las variables, pospuso los conflictos distributivos en lugar de resolverlos. Para mediados de 1988, el fracaso era evidente: la inflación interanual había vuelto a trepar hasta el 322%.

La agonía del Austral dio paso a una huida hacia adelante: el Plan Primavera de agosto de 19889. Concebido en un clima de debilidad política, buscaba apenas llegar a las elecciones. Su arquitectura fue la crónica de un colapso anunciado. Un aumento de tarifas del 30% no logró generar confianza, y su pieza central, un esquema cambiario dual, fue una invitación a la especulación. Los exportadores retuvieron sus cosechas esperando la devaluación inevitable, mientras los ahorristas se volcaron al dólar libre, forzando al Banco Central a quemar sus reservas. El 6 de febrero de 1989, el BCRA, con sus arcas vacías, anunció que dejaba de intervenir en el mercado. Fue el fin. El Plan Primavera no contuvo la crisis; le proveyó el acelerador para transformarla en una explosión.

Lo que siguió fue la desintegración a una velocidad aterradora. La tasa de inflación mensual saltó del ya elevado 33.4% en abril, al 78.5% en mayo —coincidiendo con las elecciones presidenciales—, para trepar a un 114.5% en junio y alcanzar un pico de 196.6% en julio. La inflación acumulada de 1989 llegaría a la cifra de 4,923%. Este colapso numérico se tradujo en una catástrofe humana: el porcentaje de personas bajo la línea de pobreza dio un salto dramático, pasando de un 25% a principios de año a un récord histórico del 47.3% en octubre. El 23 de mayo, la desesperación se materializó en una ola de saqueos que comenzó en Rosario y se extendió por todo el país. La respuesta del Estado, desbordado, fue declarar el estado de sitio el 29 de mayo, con una represión que dejó un saldo de al menos 14 muertos y más de 80 heridos.

En este contexto, el resultado electoral del 14 de mayo fue un contundente voto de castigo. Carlos Menem se impuso con el 47.5% de los votos, superando por más de diez puntos a Eduardo Angeloz, que obtuvo el 37.1%. El triunfo no fue una adhesión a un plan inexistente, sino el rechazo a una racionalidad que había fracasado. Ante la ingobernabilidad total, el 12 de junio Alfonsín anunció su renuncia, y la entrega del poder se concretó el 8 de julio de 1989, cinco meses antes de lo previsto.

Este traspaso fue una paradoja. Representó el fracaso de un gobierno, pero, al mismo tiempo, fue el triunfo del sistema democrático, que encontró una salida institucional en su hora más oscura. Sin embargo, el legado más profundo de 1989 fue la cicatriz psicológica que dejó en la sociedad. El pánico a la disolución generó un anhelo de orden a cualquier costo, convirtiéndose en el principal capital político del nuevo gobierno. La hiperinflación funcionó como un poderoso "disciplinador" social, creando el consenso tácito para aceptar un programa de ajuste drástico que, en otras circunstancias, habría enfrentado una resistencia formidable. El colapso de 1989 no fue solo el fin de una etapa; fue el prólogo violento que creó las condiciones de posibilidad para el paradigma que dominaría la Argentina durante la última década del siglo XX.