El Gobierno Apura la Reforma Laboral
- C. Esposito
- 29 oct
- 6 Min. de lectura
Un trabajador del siglo XXI no tiene ART, aguinaldo ni vacaciones. Si lo "desconectan", no hay indemnización. Mientras, el Congreso discute el "banco de horas" y las indemnizaciones en cuotas. La reforma laboral que impulsa el Gobierno: un proyecto diseñado más para resolver los conflictos laborales del siglo XX a favor del empresario que los desafíos del siglo XXI.

Un algoritmo le asigna un pedido. Su supervisor es un sistema de reputación de cinco estrellas. Su jornada es de doce horas, pero el contrato no menciona horarios. No tiene ART, ni aguinaldo, ni vacaciones pagas. Si se enferma, su ingreso es cero. Si lo "desconectan", no hay indemnización. Es un trabajador del siglo XXI.
Mientras tanto, en despachos y comisiones del Congreso, el texto de la nueva "Ley de Promoción de Inversiones y Empleo" dedica docenas de artículos a discutir el "banco de horas" en la industria, el pago de indemnizaciones en cuotas y la flexibilización del período de prueba.
La reforma laboral que impulsa el Gobierno es un proyecto diseñado más para resolver los conflictos laborales del siglo XX a favor del empresario que los desafíos del siglo XXI. El problema es que el mundo se movió. La reforma apunta con todo su arsenal a la chimenea de la fábrica, mientras ignora por completo el servidor que gestiona al repartidor.

Una "Modernización" Clásica y Sesgada
El paquete de reformas que el Ejecutivo presenta como una "modernización" es, en realidad, una agenda clásica de "flexibilización". Su objetivo no es crear nuevas categorías de empleo para la economía digital, sino reducir drásticamente el costo y el riesgo del empleo formal tradicional, inclinando la balanza a favor del capital.
La lógica se sostiene sobre cinco pilares que benefician directamente a la parte empleadora:
Flexibilización Extrema del Tiempo: Se proponen jornadas de hasta 12 horas y un "banco de horas". Esto permite a las empresas gestionar los picos de demanda sin pagar horas extras, compensando con francos en temporada baja. Una transferencia directa y unilateral del riesgo de mercado del empresario al trabajador, que pierde control sobre su tiempo y sus ingresos.
Abaratamiento del Despido: Se permite a las PyMEs el pago de indemnizaciones por despido en hasta 12 cuotas mensuales. En un contexto inflacionario, esto licúa significativamente el valor real de la indemnización, reduciendo el costo de despedir y desprotegiendo al trabajador.
Reducción del Riesgo de Entrada para el Empleador: El período de prueba se extiende de 3 a 6 meses, con posibilidad de llevarlo hasta 12 meses para PyMEs. Esto permite a las empresas rotar personal con costo legal cero durante un período prolongado, fomentando la precarización y la inestabilidad.
Desincentivo al Litigio Laboral: Se busca limitar la llamada "industria del juicio" poniendo topes a los intereses en sentencias laborales y limitando los honorarios de los abogados. Una medida que, bajo el pretexto de la eficiencia, busca restringir la capacidad del trabajador para defender sus derechos en los tribunales.
Flexibilización Salarial y Menos Aportes: Se reinstaura la posibilidad de pagos "no remunerativos" (como los antiguos "tickets canasta"). Esto reduce artificialmente la carga de aportes sobre el salario bruto, mermando los ingresos futuros del trabajador (jubilación, aguinaldo) y beneficiando directamente a la empresa al bajar sus costos laborales.
Ganan Patrones, Pierden Obreros
Este paquete no es universal. Está pensado, diseñado y dirigido al corazón del empleo "fordista": la industria manufacturera, el sector fabril. Es en esa arena donde se libra la verdadera batalla conceptual a favor de la patronal.
Para el Patrón (Dueño de la Fábrica): Es un traje a medida. La industria opera por ciclos y picos de demanda. El "banco de horas" es la herramienta soñada para gestionar esa volatilidad, representando una ventaja sustancial al permitir exigir más sin el costo punitivo de las horas extras. El abaratamiento del despido y la extensión de la prueba reducen drásticamente el riesgo de tomar una decisión equivocada o de ajustar la planta ante una caída de pedidos. Para el dueño de una Pyme en el Parque Industrial de Bolívar, que enfrenta costos fijos y una demanda volátil, la promesa de reducir el riesgo legal y poder gestionar el tiempo de sus operarios suena como un alivio tangible.
Para el Trabajador (Operario Fabril): Es una pérdida neta, una transferencia de costos y una licuación de derechos.
Pérdida de Ingreso: El "banco de horas" elimina en la práctica el ingreso por horas extras, un componente históricamente vital del salario fabril y un derecho adquirido.
Pérdida de Estabilidad: Un período de prueba de 6 o 12 meses vuelve el empleo intrínsecamente precario durante mucho más tiempo, dificultando la planificación y la seguridad del trabajador.
Pérdida de Ingreso Futuro: Los pagos "no remunerativos" (tickets) no computan para el cálculo del aguinaldo ni para los aportes jubilatorios, minando la seguridad social futura del trabajador.
En el sector industrial, esto no es un juego de "ganar-ganar". Es un juego de suma cero, donde el patrón gana la flexibilidad y la reducción de costos que el trabajador pierde en previsibilidad de ingreso, estabilidad y derechos. El Gobierno argumenta que esto fomentará la contratación de nuevos empleados, pero para el que ya tiene un puesto, es un claro retroceso en sus condiciones laborales.
Y las Plataformas?
Aquí es donde la reforma no es anacrónica; es simplemente inexistente, y su silencio es una decisión política funcional a la precarización. El texto ignora por completo la mayor transformación laboral de las últimas dos décadas: la economía de plataformas.
Para el "Empleador" (La Plataforma): El silencio de la ley es su mayor victoria. Al no crear una categoría específica para el "trabajador de plataforma" (como han hecho otras legislaciones en el mundo), la reforma valida el statu quo. Las plataformas seguirán operando en una zona gris, tratando a sus trabajadores como "autónomos" o "socios" y evitando todo costo laboral (ART, aportes, indemnización, aguinaldo). La reforma no les genera ningún costo ni obligación; al contrario, al abaratar el empleo formal tradicional, ni siquiera genera un incentivo para blanquear a nadie.
Para el Trabajador: La ley no les ofrece nada. Cero. No resuelve su falta de protección ante accidentes, no les da derecho a vacaciones, no les ofrece un mecanismo de negociación colectiva. Irónicamente, la reforma se enfoca en "flexibilizar" al trabajador formal (que tiene protecciones) mientras ignora al trabajador digital, que ya vive en un régimen de flexibilidad absoluta y precarización total.
Y los Sindicatos?
Quizás el componente más estructural y estratégico de la reforma sea el impulso a que las negociaciones paritarias dejen de ser por rama (sector) para pasar a ser por empresa.
Hoy, el Sindicato de Comercio negocia un piso salarial que aplica tanto al hipermercado multinacional como al pequeño comercio de barrio. Es un principio de solidaridad: el poder de los grandes "arrastra" y protege al de los pequeños.
La negociación por empresa dinamita ese modelo. Es la estrategia del "divide y reinarás". En lugar de un sindicato nacional fuerte negociando con una cámara empresarial, tendremos miles de pequeñas negociaciones. El poder de 15 empleados en un taller local negociando con su patrón es infinitamente menor que el de un sindicato que puede parar toda una rama productiva.
El objetivo es eminentemente político: quebrar la columna vertebral del poder sindical argentino, reduciendo su capacidad de presión y negociación.
El resultado económico será una fractura salarial y una mayor desigualdad. Dos metalúrgicos que hacen el mismo trabajo en fábricas distintas pasarán a tener salarios radicalmente diferentes. El de la multinacional exportadora quizás negocie un gran aumento; el de la Pyme local que compite con productos importados, probablemente deba aceptar un congelamiento o una reducción salarial forzada.
La reforma laboral que promueve el Gobierno es un proyecto con un objetivo preciso: beneficiar al capital tradicional a expensas de los derechos de los trabajadores. No busca crear las herramientas legales para el empleo del siglo XXI. No es una respuesta al desafío de la automatización, la IA o la economía de plataformas.
Es un intento de resolver, a favor del capital, la tensión distributiva histórica del modelo fabril argentino. Su objetivo no es crear nuevos empleos digitales, sino disciplinar al viejo empleo industrial. Es una reforma que mira obsesivamente por el espejo retrovisor, atacando las estructuras sindicales del siglo XX, mientras es completamente funcional a las nuevas arquitecturas de precarización que definen el siglo XXI, consolidando la desprotección de millones de trabajadores.







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