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El Mensaje en los Cuerpos: Florencio Varela y la Lógica de la Brutalidad Narco

  • I. Montes
  • 29 sept
  • 4 Min. de lectura

Actualizado: 6 oct

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Un patio en Florencio Varela se convirtió en el escenario final. Allí, bajo tierra, estaban los cuerpos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20). No solo asesinadas; sus cuerpos fueron profanados, torturados y desmembrados. El horror, en este caso, no es un exceso, es un lenguaje. Es un mensaje transmitido con una claridad calculada y dirigido a múltiples audiencias: a los rivales, a la comunidad que se pretende dominar y a un Estado cuya ausencia es tanto una condición como una consecuencia.

El triple femicidio no es la crónica de un crimen pasional ni un hecho aislado de inseguridad. Es la manifestación más cruda de una lógica de poder que se expande en los márgenes del conurbano bonaerense, donde el narcotráfico ha dejado de ser un mero negocio para convertirse en un sistema de gobierno paralelo con sus propios códigos, sus propios tribunales y sus propias formas de ejecución. La brutalidad no fue un arrebato, fue una performance. La hipótesis de que las torturas fueron transmitidas en vivo a un grupo cerrado de 45 personas revela el núcleo del mecanismo: el terror ya no se oculta, se exhibe. Funciona como un instrumento de marketing para la propia organización criminal y como un dispositivo de control social para cualquiera que se atreva a desafiar su autoridad.

La investigación apunta a una deuda, a un presunto robo de dinero o drogas por parte de una de las jóvenes a la banda liderada por un ciudadano peruano apodado "Pequeño J". Si esto se confirma, el caso expone una de las dinámicas más perversas del poder narco: su capacidad para reclutar, utilizar y finalmente descartar a los eslabones más vulnerables de la cadena social. Las víctimas, tres chicas jóvenes de barrios humildes, no eran enemigas en una disputa simétrica; eran capital humano descartable, cuerpos sobre los cuales se podía inscribir una lección de poder sin temor a consecuencias significativas. Sus vidas, precarizadas por un sistema económico y social que les ofrece pocas salidas, se volvieron materia prima para el ejercicio de la dominación de otro.

El itinerario del crimen, que se inicia con la desaparición en La Matanza y culmina con el hallazgo en Florencio Varela, traza una geografía del abandono. Son 35 kilómetros que atraviesan múltiples jurisdicciones municipales y policiales, un territorio donde la presencia del Estado se vuelve porosa, intermitente. La facilidad con la que el grupo criminal pudo secuestrar, trasladar, torturar, asesinar, desmembrar y enterrar a tres personas en una vivienda urbana no habla solo de la audacia de los perpetradores, sino de la fragilidad —o complicidad— de las estructuras que deberían impedirlo. El narco no opera en un vacío; prospera en los ecosistemas de la corrupción, la ineficiencia y la retirada estratégica del poder público.

La reacción social, canalizada a través de las consignas del movimiento "Ni Una Menos", intenta reponer el estatus de las víctimas. Donde la lógica narco ve objetos de castigo, la sociedad reclama sujetos de derecho. Sin embargo, este caso tensa las categorías. ¿Es un femicidio en el sentido clásico, un crimen de odio por su condición de mujeres? Sí, en tanto sus cuerpos fueron el territorio específico del ensañamiento y la dominación. Pero es también la consecuencia de un modelo de negocio criminal que ha adoptado la violencia extrema como su principal herramienta de gestión. Es un narcofemicidio, una categoría híbrida que describe cómo las estructuras del crimen organizado explotan y amplifican las violencias de género preexistentes.

Los discursos de las familias reflejan esta complejidad. Entre el dolor y la rabia, emerge la crítica a una cobertura mediática que, en los primeros días, se centró en la vida de las chicas, en sus decisiones, en una sutil pero persistente revictimización. "¿En qué andaban?" es la pregunta que sobrevuela, como si existiera un comportamiento que pudiera justificar la barbarie. Esta inquisición moral es funcional al sistema: desvía la atención del poder estructural del narco y la deposita en la conducta individual de las víctimas. Se juzga a las muertas para no tener que analizar las condiciones que produjeron su muerte.

Mientras la investigación avanza con la detención de presuntos partícipes materiales y la búsqueda internacional del autor intelectual, el problema de fondo permanece intacto. El triple crimen de Florencio Varela no es un síntoma, es una metástasis. Es la prueba de que ciertas zonas del territorio argentino ya no se rigen por el contrato social del Estado de derecho, sino por la ley del más fuerte, del más violento.

Los cuerpos de Lara, Brenda y Morena fueron utilizados para enviar un mensaje. La pregunta fundamental que debe hacerse la sociedad argentina no es solo quiénes fueron los asesinos, sino qué sistema permitió que ese mensaje pudiera ser emitido con tanta impunidad y a un costo humano tan devastador. La respuesta no se encontrará únicamente en los tribunales, sino en una revisión profunda de las políticas de seguridad, sociales y económicas que han permitido que el horror se normalice como el paisaje cotidiano de los márgenes.


 
 
 

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