La Oposición Rechazó el Veto Presidencial a la Ley de Discapacidad y Limitó los DNU

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2025 - En una jornada de alto voltaje político y consecuencias institucionales significativas, el Senado de la Nación se convirtió ayer en el epicentro de un duro revés para el Poder Ejecutivo. Con una mayoría contundente, la Cámara Alta rechazó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, obligando así a su promulgación. Además, en la misma sesión, se dio media sanción a un proyecto de ley que busca modificar el régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una de las herramientas de gobierno más utilizadas por la actual administración.

La sesión del jueves 4 de septiembre quedará marcada como un hito: por primera vez en 22 años, el Congreso Nacional insistió con una ley vetada por el Ejecutivo. La Ley de Emergencia en Discapacidad, que establece la emergencia en el sector hasta el 31 de diciembre de 2026 y busca actualizar aranceles y regularizar pagos a prestadores, fue respaldada por 63 votos afirmativos contra 7 negativos. La decisión fue celebrada por organizaciones y familiares de personas con discapacidad que se manifestaron en las afueras del Congreso durante todo el debate.

El resultado de la votación expuso la fragilidad parlamentaria del oficialismo y la consolidación de un arco opositor que abarcó desde el peronismo en sus diversas vertientes hasta la Unión Cívica Radical y bloques provinciales. La contundencia del número no solo reactiva la ley, sino que también envía un fuerte mensaje político al Gobierno sobre los límites de su poder de veto ante un Congreso dispuesto a hacer valer sus prerrogativas.

Poniendo Límites a los Decretos de Necesidad y Urgencia

El segundo gran tema de la jornada fue el tratamiento de un proyecto de ley para modificar la reglamentación de los DNU. La iniciativa, que también cosechó un amplio respaldo opositor, obtuvo media sanción. El proyecto busca establecer plazos más estrictos para el tratamiento de los decretos en el Congreso y eliminar la validación por silencio administrativo ("sanción ficta"), un mecanismo que permite que un DNU quede vigente si no es tratado explícitamente por ambas cámaras en un tiempo determinado.

Este avance legislativo es interpretado como una respuesta directa al uso extensivo de los DNU por parte del presidente Milei. Para la oposición, la medida es fundamental para reestablecer el equilibrio de poderes y garantizar que la función legislativa no sea avasallada por el Ejecutivo. Ahora, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.

La sesión de ayer en el Senado no solo definió el futuro de dos normativas clave, sino que reconfiguró el mapa del poder político, demostrando que la oposición ha encontrado puntos de acuerdo para actuar como un bloque unificado frente a decisiones estratégicas del Gobierno, marcando un punto de inflexión en la relación entre el oficialismo y el Parlamento.