Sin Reacción

El análisis de la evidencia inicial recopilada por la justicia, a partir de la difusión de audios, permite reconstruir la mecánica de una presunta red criminal diseñada para el desvío sistemático de fondos públicos.

El Sistema de "Retornos" y el Flujo de Fondos

El núcleo del esquema descrito por Diego Spagnuolo, entonces titular de la ANDIS, consistía en un recargo obligatorio del 8% sobre los contratos con compañías farmacéuticas. Este sobreprecio, calificado por Spagnuolo como un "diezmo", era presuntamente recaudado por la Droguería Suizo Argentina, constituyendo la fuente de los fondos ilícitos. La práctica estaba aparentemente normalizada, sugiriendo un acto de corrupción sistémica.

Los fondos seguían una jerarquía clara. El dinero se recolectaba en la sede de la droguería. Desde allí, "Lule" Menem, como operador, presuntamente recogía los fondos. Parte del dinero cubría los costos de la "operatoria", mientras que el resto ascendía en la cadena de mando. Spagnuolo especula en los audios que entre un 3% y un 4% llegaba finalmente a manos de Karina Milei. En su relato, Spagnuolo se presenta como una víctima, aunque su conocimiento del delito como funcionario público lo obligaba a denunciarlo, lo que no hizo.

El esquema revela un modelo de colusión entre funcionarios y contratistas, donde el aparato estatal (ANDIS) habría sido usado como vehículo para generar fondos ilícitos que beneficiaban tanto a actores políticos como a la empresa privada, asegurándole a esta última lucrativos contratos.

La Evidencia Física y la Contraofensiva Judicial

La prueba física más contundente es el hallazgo de 266,000 dólares y 7 millones de pesos durante un allanamiento a Emanuel Kovalivker. El dinero estaba dividido en sobres con anotaciones, un método clásico para la administración de sobornos. Adicionalmente, se incautaron teléfonos móviles, computadoras y pasaportes de los implicados. El teléfono de Spagnuolo es considerado una pieza clave, ya que él mismo se jactó de tener "todos los WhatsApp de Karina".

En contraste con la reacción del poder ejecutivo, el poder judicial actuó con notable celeridad. Tras la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, el fiscal Franco Picardi solicitó allanamientos urgentes que fueron autorizados por el juez Sebastián Casanello. Se realizaron operativos en la sede de ANDIS, domicilios de los implicados y en la Droguería Suizo Argentina. La investigación explora delitos federales graves como cohecho, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Para evitar la fuga de los sospechosos, el juez prohibió su salida del país, una medida que cobró urgencia tras localizar a Spagnuolo fuera de sus domicilios registrados.

La Gestión de Crisis del Gobierno y las Repercusiones Políticas

El escándalo inflige un profundo daño político a la administración Milei, atacando el núcleo de su narrativa fundacional y exacerbando su ya tensa relación con la comunidad de personas con discapacidad.

Control de Daños y Narrativas Oficiales

La primera respuesta del gobierno fue la destitución de Spagnuolo y Garbellini, enmarcada como una medida "preventiva" ante los "hechos de público conocimiento". Este lenguaje fue cuidadosamente seleccionado para evitar admitir culpabilidad o validar el contenido de las grabaciones. El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asumió el rol de principal portavoz. Su estrategia consistió en delegar la resolución del caso a la justicia ("la tiene que resolver la Justicia"), mientras ofrecía una defensa matizada de la hermana del Presidente y declaraba: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario". Esta táctica busca aislar el núcleo del gobierno sacrificando a una figura que, aunque antes central, ahora es presentada como periférica. Paralelamente, algunos aliados del gobierno, como la diputada Lilia Lemoine, intentaron desviar la atención calificando la filtración como una "operación" política orquestada por la oposición kirchnerista para perjudicar al gobierno en un año electoral.

Crisis de Credibilidad: La Cruzada Anti-"Casta" en Entredicho

El escándalo golpea el corazón del proyecto político de Javier Milei. Su victoria presidencial se basó en una poderosa promesa de aplicar una "motosierra" a la "casta" política corrupta. El caso ANDIS presenta al público una imagen discordante: el propio abogado del Presidente y su círculo íntimo son acusados del mismo tipo de corrupción que él juró erradicar. Esto genera una disonancia cognitiva entre sus seguidores y proporciona munición a sus críticos, quienes señalan la ironía de que un "loco con una motosierra destruyendo los curros del estado" ahora enfrente un "curro" de gran magnitud dentro de su propia administración.

El Sector de la Discapacidad: Una Comunidad Bajo Doble Ataque

El escándalo de corrupción no ocurrió en el vacío. Estalló en un contexto de máxima tensión entre el gobierno de Milei y la comunidad de personas con discapacidad. Previamente, el Presidente había vetado una ley aprobada por el Congreso que declaraba la emergencia en el sector, una medida que generó protestas masivas. Posteriormente, la Cámara de Diputados votó para anular dicho veto. La propia gestión de Spagnuolo, con la ofensiva Resolución 187, ya había sembrado una profunda desconfianza.

La revelación de un presunto robo a gran escala de fondos destinados a servicios de discapacidad, que ocurre simultáneamente con decisiones políticas percibidas como perjudiciales para el sector, crea una narrativa devastadora. Presenta a la administración no solo como negligente en sus políticas, sino también como permisiva con una corrupción que perjudica directamente a una de las poblaciones más vulnerables del país. Este contexto específico dota al escándalo de una poderosa dimensión moral que trasciende la corrupción política típica. El desvío de fondos no se percibe simplemente como un robo al Estado, sino como un acto predatorio contra un grupo vulnerable que depende del apoyo público para servicios esenciales como medicamentos y pensiones. La yuxtaposición de este presunto saqueo con el veto presidencial a una ley de emergencia para el mismo sector intensifica la indignación pública41. Como señaló un manifestante, la lucha ya no es solo por evitar la pérdida de privilegios, sino por defender derechos fundamentales. Este peso moral convierte al escándalo en un ancla política mucho más pesada para la administración, haciendo que sea excepcionalmente difícil de gestionar.

Redes Sociales y Opinión Pública

Del análisis del discurso público emergen tres narrativas principales que compiten por definir el significado del escándalo.

• 1. La Narrativa de la Traición ("Son peores"): Esta narrativa postula que el escándalo es la prueba definitiva de que la retórica anticorrupción de la administración Milei era fraudulenta. Sostiene que no solo son iguales a la "casta" que criticaban, sino potencialmente peores, dada la rapidez y la naturaleza de la presunta corrupción. Esta visión es prevalente entre los partidarios de la oposición y los ex simpatizantes desilusionados.   

• 2. La Narrativa de la Conspiración ("Es una opereta K"): Esta narrativa, promovida activamente por los aliados y simpatizantes del gobierno, descarta las acusaciones como una fabricación orquestada por la oposición (específicamente el "kirchnerismo") para desestabilizar al gobierno antes de elecciones clave. Esta visión se basa en el momento de la filtración como prueba principal de la intención maliciosa.   

• 3. La Narrativa de la Incompetencia y el Amiguismo ("Puso a sus amigos"): Esta es una narrativa más matizada que se centra menos en la corrupción sistémica y más en la mala gobernanza. Argumenta que el escándalo es el resultado predecible de nombrar a amigos personales no cualificados (como Spagnuolo) en posiciones de poder. El problema, desde este punto de vista, no es necesariamente que Milei sea corrupto, sino que es un mal gestor que se rodea de personas incompetentes o poco fiables.   

  
  

La difusión de los audios desató una tormenta en el ecosistema digital, generando un sentimiento abrumadoramente negativo que se convirtió rápidamente en el mayor desafío comunicacional para el gobierno en lo que va del año. Un análisis de la consultora Ad Hoc reveló que en solo 72 horas se produjeron 243,000 menciones sobre el caso, un volumen que superó incluso al del discurso del Presidente Milei en el Foro de Davos. Este estallido en la conversación digital provocó que la imagen negativa del mandatario creciera 7 puntos, alcanzando un 59%. Los términos "Karina" y "Spagnuolo" se posicionaron entre los cinco más asociados al Presidente, arrastrándolo directamente al centro de la crisis.

El sentimiento predominante fue una mezcla de indignación, decepción y repudio, articulada en torno a dos ejes principales: Hipocresía y Traición a la Promesa Anti-"Casta": Una gran parte de las críticas se centró en la contradicción entre el discurso fundacional de Milei y las prácticas reveladas. La oposición y usuarios críticos explotaron esta narrativa, con figuras como Cristina Kirchner utilizando las redes para devolverle al presidente su propia retórica: "¿Te acordás de la 'doctrina Vialidad'? [...] ¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías?". Publicaciones virales calificaron el escándalo como la revelación de que la "antipolítica" era en realidad "la casta más rancia y corrupta de todas" y Crueldad y Ataque a los Vulnerables: El sentimiento negativo se vio magnificado por el hecho de que la presunta corrupción afectaba a la comunidad de personas con discapacidad, un sector que ya se sentía atacado por el gobierno. Resurgieron con fuerza las críticas a la gestión previa de Spagnuolo, especialmente sus comentarios insensibles a la madre de Ian Moche ("Si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado") y el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad53. Esta combinación generó una percepción de crueldad institucional, donde no solo se recortaban derechos, sino que también se desviaban los fondos destinados a sostenerlos.

Frente a esta ola de negatividad, la contra-narrativa oficialista, que intentó enmarcar el escándalo como una "monumental operación" de la oposición en año electoral, tuvo una tracción limitada y no logró cambiar el tono general de la conversación. El sentimiento dominante se consolidó como uno de profunda desaprobación, dañando la credibilidad del gobierno en uno de sus pilares fundamentales.

Una Prueba Definitiva de Rendición de Cuentas

El caso ANDIS representa una crisis fundamental y una amenaza existencial para la narrativa fundacional del gobierno de Milei. El escándalo fuerza una confrontación directa con su promesa de una gobernanza transparente y libre de las prácticas de la "casta". El resultado de la investigación y la respuesta final de la administración determinarán si la "motosierra" fue una herramienta contra toda la corrupción o solo contra la de sus adversarios políticos. El gobierno se encuentra en la encrucijada de optar por una investigación exhaustiva, que podría implicar a sus más altos niveles, o por una estrategia de contención de daños. La elección que tome no solo definirá este caso, sino que también moldeará la confianza pública y el futuro de su proyecto político.