Tensión Hídrica Regional: Productores Toman Municipios y Denuncian Penalmente a Intendentes

La escalada del conflicto por el estado de los caminos rurales y las inundaciones en la región ha alcanzado un nuevo pico de tensión. Mientras en 9 de Julio los productores ingresaron al palacio municipal para exigir respuestas, en Carlos Casares se formalizó una denuncia penal por "estrago hídrico". En Bolívar, el municipio avanza con embargos, y en Azul, se explora una vía de colaboración directa con el campo como salida a la crisis.

La situación más álgida se vivió en 9 de Julio, donde la paciencia de los productores agropecuarios llegó a su fin. Ayer, un centenar de ruralistas autoconvocados se movilizaron hasta el palacio municipal y, ante la falta de respuestas, ingresaron al edificio para confrontar directamente a la intendenta María José Gentile y su equipo de gobierno. La protesta fue una reacción directa al "colapso total" de la red vial, que impide la circulación, el transporte de la producción y el desarrollo de la vida cotidiana en las zonas rurales. La imagen de los productores dentro del despacho principal es el símbolo de una relación quebrada y un malestar que ha desbordado los canales institucionales.

Esta acción directa se complementa con una estrategia legal de mayor alcance. La semana pasada, productores de Carlos Casares y de la misma 9 de Julio dieron un paso inédito al presentar una denuncia penal conjunta por estrago hídrico contra sus respectivos intendentes, Daniel Stadnik y María José Gentile, así como contra funcionarios provinciales. La acusación, radicada en la fiscalía de Trenque Lauquen, argumenta que la devastación causada por las inundaciones no responde únicamente a factores climáticos, sino a la "inacción" y al presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de las autoridades, quienes no habrían ejecutado las obras de infraestructura necesarias para mitigar el impacto del agua.

Mientras la confrontación se agudiza en los distritos vecinos, en Bolívar el conflicto sigue una vía de tensión administrativa y judicial. El gobierno del intendente Marcos Pisano ha optado por iniciar juicios y ejecutar embargos contra los productores que adeudan la Tasa Vial. Desde el sector agropecuario, la respuesta es contundente: no hay voluntad de pago porque no existe una contraprestación. Afirman que los caminos están en un estado de "abandono total" y que los fondos recaudados no se destinan a su mantenimiento. A fines de junio, un intento de diálogo por parte de la Sociedad Rural local, la Cooperativa Agropecuaria, Federación Agraria y CARBAP fue infructuoso, ya que, según denunciaron, el intendente no los recibió. La estrategia municipal de judicializar la deuda sin ofrecer soluciones viales mantiene el conflicto en un punto muerto de alta tensión.

En un notable contraste, el municipio de Azul parece estar explorando una salida alternativa que busca evitar la confrontación directa. La gestión del intendente Nelson Sombra está avanzando en un proyecto de ordenanza para que las entidades rurales, a través de la Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Fundazul), puedan tomar a su cargo la administración y ejecución de las obras de mantenimiento de los caminos. La iniciativa, que contempla que los fondos de la Tasa Vial sean gestionados por los propios productores, se postula como un modelo de colaboración público-privada que podría descomprimir el conflicto. Al adelantarse a una crisis mayor, Azul se posiciona como un posible laboratorio de soluciones en una región donde la relación entre los municipios y el campo parece rota.

El problema de fondo, la paralización del Plan Maestro de la Cuenca del Salado

El Plan Maestro del Salado fue concebido en 1997 y presentado formalmente en 1999, como respuesta a la necesidad imperiosa de abordar los impactos cíclicos y devastadores de las inundaciones y sequías en la Provincia de Buenos Aires, el corazón productivo de Argentina. Su desarrollo no fue una iniciativa aislada, sino un proyecto de envergadura internacional, elaborado con la pericia de la consultora británica Halcrow & Partners y financiado inicialmente por el Banco Mundial. Este respaldo global subrayó desde su concepción la solidez técnica y la importancia estratégica del plan, que buscaba resolver un problema estructural que limitaba el potencial económico y amenazaba la estabilidad social de una vasta región.

El estancamiento del Plan Maestro del Salado no es el resultado de un único error o de una sola administración; es la consecuencia de un fracaso sistémico que se ha perpetuado durante más de un cuarto de siglo.

Gobiernos Nacionales (Administraciones Sucesivas)

• Falla Central: La incapacidad crónica para establecer y mantener una política de Estado consistente y a largo plazo que trascienda los ciclos electorales. La infraestructura estratégica, por su naturaleza, requiere un compromiso que va más allá de un mandato de cuatro años, algo que ha sido sistemáticamente ausente.

• Responsabilidades Específicas:

  • Apropiación Indebida y Retención de Fondos Dedicados: El tratamiento del Fondo Hídrico de Infraestructura, un fondo con afectación específica por ley, como una fuente de financiamiento discrecional. Esto se evidencia tanto en las denuncias de desvíos durante el período 2007-2015 para financiar otros proyectos como en la retención explícita de fondos en 2024-2025 con fines de consolidación fiscal. Esta práctica representa una ruptura del federalismo fiscal y del estado de derecho, socavando la previsibilidad y la financiación de las obras interjurisdiccionales.  

  • Subordinación de la Infraestructura Estratégica a la Política de Corto Plazo: La despriorización del plan en respuesta a conflictos políticos (como el enfrentamiento con el sector agropecuario post-2008) o para cumplir con metas fiscales de corto plazo, como se observa en la actualidad. Esto demuestra una falta de comprensión del profundo impacto económico a largo plazo del proyecto y una preferencia por soluciones políticamente convenientes o fiscalmente conservadoras en el momento, a pesar de sus costos futuros mucho mayores.  

Gobiernos Provinciales (Administraciones Sucesivas)

• Falla Central: Una persistente falta de capacidad administrativa y técnica para ejecutar un proyecto complejo y de gran escala de manera eficiente, incluso en períodos en los que el financiamiento estaba disponible y asegurado.

• Responsabilidades Específicas:

  • Ineficiencia Burocrática y Retrasos en la Contratación: Los documentos de reestructuración del Banco Mundial actúan como una auditoría externa independiente y son concluyentes al respecto. Señalan explícitamente los "procesos burocráticos internos" y los "retrasos en los procesos de adquisición" dentro de la administración provincial como causas primarias de los retrasos que llevaron a calificar el proyecto como "Moderadamente Insatisfactorio". Esta es una prueba irrefutable de que la parálisis no puede atribuirse únicamente a la falta de fondos desde la Nación.  

  • Incapacidad para Superar Obstáculos de Implementación: El lento progreso de las obras durante la administración Vidal, a pesar de su voluntad política de reiniciarlas , y la necesidad de múltiples extensiones de los plazos de los préstamos bajo la administración Kicillof , demuestran que la ineficiencia burocrática es un problema sistémico y trans-administrativo dentro del gobierno provincial, no una cuestión puramente partidista. La provincia ha demostrado ser un cuello de botella en la ejecución, independientemente del color político del gobierno de turno.  

Instituciones Financieras Internacionales (Banco Mundial / BEI)

• Rol: Si bien estas instituciones no son responsables de las decisiones políticas de los gobiernos, su participación ha cumplido dos funciones críticas en la historia del proyecto:

  1. Auditores Independientes: Sus evaluaciones de desempeño, calificaciones técnicas y documentos de reestructuración constituyen el diagnóstico más creíble e imparcial de las patologías administrativas del proyecto. Sus informes son las crónicas involuntarias de la disfunción, proporcionando evidencia objetiva que trasciende la disputa política local.  

  2. Facilitadores de la Desviación de Objetivos: La decisión del Banco Mundial de permitir la reprogramación de 120 millones de dólares del préstamo para la construcción de viviendas sociales durante la pandemia , aunque comprensible desde una perspectiva de emergencia social, contribuyó objetivamente a la dilución de los objetivos centrales de gestión hídrica del proyecto y a la extensión de sus plazos. Esto demuestra cómo incluso las decisiones bien intencionadas pueden, en un contexto de mala gestión crónica, desviar un proyecto de su propósito original.  

En conclusión, la cadena de responsabilidades es compartida. Los gobiernos nacionales han fallado en su deber de garantizar un flujo de fondos predecible y respetar la ley. Los gobiernos provinciales han fallado en su capacidad de ejecutar eficientemente los recursos cuando los tuvieron. Esta dinámica ha creado un círculo vicioso donde la inacción de una parte justifica la de la otra, resultando en una parálisis que ha costado miles de millones de dólares y ha dejado a una de las regiones más productivas del mundo en un estado de vulnerabilidad inaceptable.